Pronunciamiento de la Argentina sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Martes 25 de Agosto de 2020
Información para la Prensa N°: 
218/20

 

La República Argentina no comparte las explicaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo. Al hacerlo, el Secretario General desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inc.3 del Reglamento de la Comisión. 

 

El Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del Secretario Ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión. Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes. No corresponde, entonces, que el Secretario General se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH.

 

Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido. Ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión sobre situaciones que están previstas para su tratamiento por la normativa propia de la Organización. 

 

Nuestro país reconoce especialmente el rol esencial que cumple la CIDH en la promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas, y estará eternamente agradecido por su papel fundamental en la historia argentina.

 

La Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del  órgano principal de la OEA en la materia e insta a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de  CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio.

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